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El Fundamento y Fin de la Pena en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica

 

Por: FÉLIX ALBERTO MONTILLA ZAVALÍA

 

Sumario: I- La fundamentación de la pena en la doctrina. a) Fundamento Real. b) Fundamento del Conocimiento. c) Fundamento Finalista. d) Fundamento Jurídico. II- El Derecho Penal Canónico. III- La fundamentación de la pena en el Código de Derecho Canónico. a) Penas medicinales o censuras. b) Penas expiatorias. c) Remedios penales y penitenciales. IV- Conclusión. V- Bibliografía.

 

 

 

I- La fundamentación de la pena en la doctrina

 

            Dentro de la esfera del Derecho Penal ha dado mucho para hablar el problema de la fundamentación de la pena. La doctrina, a lo largo de los siglos, ha elaborado tantas teorías que han terminado por tornar caótico su estudio, por ello ha sido necesaria la sistematización de esa cuestión; y en ese orden de ideas ha sido Gössel quién aportó mucho por solucionar el problema sobre la base de la tesis de la cuádruple raíz del dogma del fundamento[1].

 En virtud de su metodología se exponen cinco grandes corrientes que dan el fundamento de las sanciones jurídico-penales, las cuales se desarrollarán en los acápites que se exponen a continuación.

 

a) Fundamento Real

            La ley es la ayuda para encontrar cual es el fundamento real de las sanciones penales. Así surge, de un examen de la normativa de la materia, que la “peligrosidad” y el “delito” han sido, para numerosos códigos jurídicos, los pilares fundamentales en los cuales se ha fundamentado la sanción. En efecto: dada tal conducta tipificada por la ley le corresponde el castigo establecido en ese tipo penal.

Y en cuanto a la “peligrosidad” la cuestión se complica un poco más, habida cuenta entran a conjugarse un sin número de factores de índole cultural, sociológicos y psicológicos. Lo cierto es que no cabe duda que en la doctrina hay varios autores que encuentran en la peligrosidad el fundamento de la sanción penal[2].

 

b) Fundamento del Conocimiento

            Partiendo de determinadas premisas se llega a una conclusión; de allí que se esté en presencia de un fundamento lógico de conocimiento, el cual es, sin duda, el proceso por el cual se desarrolla el juicio jurisdiccional penal, basado éste en un hecho real objetivo –el delito- al cual la ley le impone una pena.

 

c) Fundamento Finalista

            Los autores finalistas buscan en la pena un fin en si mismo, el cual varía de acuerdo a la concepción filosófica de las doctrinas.

Así, de este modo, algunos autores ven que la pena persigue como finalidad una retribución al daño causado[3], lo cual en definitiva reduce al sistema penal a un simple justificativo del ejercicio de la venganza privada a través del aparato estatal.

            Para otra porción de la doctrina la pena configura un medio de prevención. Tiene por objeto la protección de bienes jurídicos de vital importancia para la justa convivencia social. De ese modo la aplicación de la pena sobre los bienes jurídicos del sujeto violador de la ley actúa como prevención especial, y a la vez general ya que tiene a lograr la intimidación, su resocialización o su neutralización[4].

            Otra corriente opina que la pena actúa como prevención general, en el sentido de que la sanción es vista por los ciudadanos de una comunidad como un eventual castigo en caso de incurrir en el mal ejemplo del delinquidor[5].

 

d) Fundamento Jurídico

Esta corriente centra su fundamentación en la legitimidad del todo social –Estado- para aplicar pena al individuo que ha cometido un hecho calificado como anti-jurídico por el Estado.

 

II- El Derecho Penal Canónico

 

            La Iglesia Católica Apostólica Roma –en adelante Iglesia-, al estar conformada por  un conjunto de hombres –sociedad- ha debido dictar normas que plasman su organización jurídica, siempre teniendo presente que su fin es la salvación de los hombres –y por lo tanto el Bien Común Supremo: Dios.

            En virtud de ello la Iglesia tiene el derecho “originario y propio a castigar con sanciones penales a los fieles que cometen delitos” reza el canon 1311 del Código de Derecho Canónico –en adelante CDC-, los fieles cristianos –Iglesia “militante”- son todas aquellas personas físicas que hubieren recibido el sacramento del bautismo. En virtud de esa norma, la doctrina ius-canonista ha dicho que “la Iglesia tiene potestad innata coactiva y, en consecuencia, puede establecer y poseer un verdadero derecho penal, puede imponer las penas que crea conveniente y que sean congruentes con su naturaleza institucional para conseguir sus propios fines”[6].

            Esa “jurisdicción” declarada por la Iglesia, por mandato legal positivo del Estado Argentino ha sido plenamente reconocida a través del Concordato[7] celebrado con la Santa Sede, ratificado por Ley Nacional 17.032[8].

 

            Complementando lo anteriormente dicho se entiende que la Iglesia tiene jurisdicción para legislar un derecho penal positivo estrictamente vinculado con la finalidad sobrenatural de la Iglesia, y por lo tanto protector de la Religión, de los Bienes y de la Disciplina Eclesiástica; legislando penas estrictamente canónicas y por lo tanto completamente independientes del poder civil[9].

            De allí que la doctrina ius canonista haya elaborado, con las peculiaridades propias del fin sobrenatural de la Iglesia, una fundamentación jurídica, filosófica y teológica de la finalidad de las penas para el ordenamiento legal de la Iglesia,  en la cual, con matices particulares se entremezclan las doctrinas expuestas en el punto I de este trabajo, conforme se verá más adelante.

 

III- La fundamentación de la pena en el Código de Derecho Canónico

 

            El nuevo Código de Derecho Canónico[10] ha incorporado como disposiciones positivas, normas que contienen tangiblemente principios jurídicos por medio de los cuales se intentó –eficazmente según opinamos- instaurar, de plano, los valores morales del derecho natural cristiano-tomista.

 Así fue que el nuevo derecho penal canónico vino, particularmente, a beneficiarse con la introducción de normas jurídicas por medio de las cuales los jueces eclesiásticos están facultado ampliamente para obrar con criterios equitativos.

            La Iglesia, al igual que el Estado, ha debido elaborar las teorías que dieron origen al fundamento de las penas, con las peculiaridades aludidas en el punto segundo del presente trabajo.

            Así es que, el CDC contiene, de acuerdo a la gravedad del delito tipificado por la ley, la correspondiente pena con su particular fundamentación.

En este orden de ideas, primero debemos establecer cual es el tipo de  pena, para lo cual es posible distinguir tres grandes grupos: a) penas medicinales o censuras; b) penas expiatorias y c) remedios penales y penitenciales.

 

a) Penas medicinales o censuras

            La fundamentación de este tipo de sanciones busca, prioritariamente la enmienda del delincuente, por ello el canon 1347 establece como condición para su término que el reo: 1° cese en su contumacia, 2° manifieste a través de hechos y actos objetivos su arrepentimiento por haber causado el daño, y 3° haya reparado el perjuicio causado al individuo y al todo social; consecuencia de ello es la duración de la pena, la cual depende, en definitiva, del propio delincuente.

 

b) Penas expiatorias[11]

            En el antiguo código éste tipo de sanciones se denominaba “vindicativas”, y tenían la connotación del derecho romano[12].

            La finalidad principal buscada por este tipo de sanciones radica en la reparación efectiva del daño cometido a la comunidad social –Iglesia- , lo cual no quiere decir que en su aplicación no haya de tenerse en cuenta al delincuente, mediante la privación de algún bien espiritual o temporal. Su cese, a diferencia de las penas medicinales,  no depende directamente de la actitud del delincuente, sino del cumplimiento estricto de la pena o de un acto de gracia de la autoridad competente.

 

c) Remedios penales y penitenciales

            Finalmente el tercer grupo de sanciones penales son los “remedios y las penitencias”, los cuales, según la doctrina, no configuran estrictamente la figura de “penas”[13].

En cuanto a los “remedios penales” son medidas canónicas moderadas de naturaleza “preventiva y represiva” que se emplean para mantener el orden social. Su finalidad es triple, y depende de la gravedad del caso: punitiva –cuando sustituyen a una pena determinada-; preventiva –cuando su misión es detener a quien se encuentra realizando los actos preparatorios para perpetrar el delito-; y  represiva.

            Las “penitencias” consisten en la compensación que el delincuente realiza con relación a la sociedad por la violación de la Ley.

 

IV- Conclusión

 

            De todo lo anteriormente expuesto, claramente se deduce cómo la fundamentación de la sanción penal en la Iglesia gira en torno a una doble finalidad: conseguir el arrepentimiento del fiel cristiano y castigar al delito como medio para conseguir el reestablecimiento del orden social alterado.

De allí que es posible aplicar determinar que las penas del Derecho Canónico tienen un fundamento legal: de un examen de la normativa surge que el daño causado y la actitud del sujeto han sido en parte los fundamentos en los cuales se ha legislado la sanción.

El fundamento “finalista” también se evidencia:  la pena es un medio para hacerle rectificar la conducta del delincuente y a la vez para “recomponer” el orden social eclesial lesionado por el delito; además tiene por objeto la protección de bienes jurídicos considerados importantes para iglesia, y por fin tiende a lograr la finalización del estado contumaz en beneficio de la persona y de la comunidad.

 

V- Bibliografía

 

- Aznar, Federico: Código de Derecho Canónico - Edición Bilingüe comentada. Madrid 1995.

 

- Cabanellas, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual, Tomo III, Buenos Aires 1954

 

- Cavalario, Domingo: Instituciones del Derecho Canónico. Madrid 1952.

 

- Callaghan, Ramón A: Derecho Canónico, Tomo I. España 1899.

 

- Donna, Edgardo: La Peligrosidad en el Derecho Penal, Buenos Aires 1978.

 

- Gössel, Karl H.: Esencia y Fundamentación de las saciones penales; en Estudios Jurídicos Sobre la Reforma Penal, dirigidos por Polaino Navarrete.

 

- Jiménez de Azúa, Luis: Corsi e Ricorsi, la vuelta de Von Liszt, en Von Liszt, Franz: la idea de fin en el derecho penal.

 

- Roxin, Claus: Sentido y Límite de la Pena, en Problemas Básicos del Derecho Penal.

 

 

 

 

 

 

 

FÉLIX ALBERTO MONTILLA ZAVALÍA

Profesor Adjunto de Derecho Canónico y Jefe de Trabajos Prácticos de  Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Católica de Tucumán

Email: femoza@hotmail.com

 



 

[1] Gössel, Karl H.: Esencia y Fundamentación de las saciones penales; en Estudios Jurídicos Sobre la Reforma Penal, dirigidos por Polaino Navarrete, página 48 y sgtes.

 

[2] Concretamente nos referimos a Lombroso, Ferri y Garófalo y la escuela por ellos formada. Sobre este particular ver Donna, Edgardo: La Peligrosidad en el Derecho Penal, Buenos Aires 1978.

 

[3] Roxin, Claus: Sentido y Límite de la Pena, en Problemas Básicos del Derecho Penal, página 11.

 

[4] Jiménez de Azúa, Luis: Corsi e Ricorsi, la vuelta de Von Liszt, en Von Liszt, Franz: la idea de fin en el derecho penal, página 28.

 

[5] Gössel, Karl H.: Esencia y Fundamentación de las saciones penales; en Estudios Jurídicos Sobre la Reforma Penal, dirigidos por Polaino Navarrete, página 75.

 

[6] Aznar, Federico: Código de Derecho Canónico - Edición Bilingüe comentada. Madrid 1995, página 626.

 

[7] El Artículo I del Concordato establece: “El Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”.

 

[8] Publicada en el Boletín Oficial del  22 de diciembre de 1966.

 

[9] En esta particular cuestión cabe aclarar que todo el ordenamiento jurídico de la Iglesia se aplica a los fieles cristianos de pleno derecho, por el solo hecho de serlos, y es completamente independiente y autónomo del poder coactivo del Estado político, de lo que se deduce que el fiel cristiano está sujeto al ordenamiento jurídico de la sociedad política (Estado) y de la sociedad religiosa (Iglesia).

 

[10] Aprobado por el Sumo Pontífice Juan Pablo II a través de la Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Leges, del 25 de enero de 1983.

 

[11] Esta expresión es tomada de San Agustín, el cual las expone en De Civitate Dei 12, 13.

 

[12] Del latín “vindicare”, lo cual significa: vengar, reparar directamente el acto injusto sufrido por otro. Cabanellas, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual, Tomo III, Buenos Aires 1954, página 881.

 

[13] Aznar, Federico: Código de Derecho Canónico - Edición Bilingüe comentada. Madrid 1995, página 651.